Los hechos de violencia y la delincuencia aumentan en varias ciudades y municipios, especialmente los homicidios, las lesiones y los hurtos. Pero uno de los delitos más graves son las extorsiones, que tienen un alto subregistro en las estadísticas oficiales, aun cuando ponen de manifiesto la gobernanza que ejercen los grupos delincuenciales en los territorios.

La legislación penal y los esfuerzos de la Policía, la Fiscalía y los militares no han logrado detener el aumento de los casos de extorsión. La extorsión se volvió habitual en muchas regiones, tanto que las personas lo consideran un impuesto más que deben pagar y en algunos casos solo protestan cuando los criminales incrementan el monto de la extorsión.

Las denuncias siguen aumentando, pero apenas son una pequeña muestra de la extensión de este delito. Según la Policía Nacional el número de denuncias aumentó un 63,6 % en el país en los últimos seis años, en Medellín aumentó un 81 %; en Bogotá, un 255 %; en Cali, un 259 %; y en Barranquilla, un 32,4 %, como puede verse en el siguiente cuadro.

Estas cifras corresponden a la punta del iceberg, son un pequeño porcentaje del número efectivo de extorsiones, como en 2017  confirmó la investigación “¿Cómo comprender la extorsión hoy en Medellín”, realizada por el Observatorio de Seguridad Humana (OSH) y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.

En esta investigación se exponen los innumerables casos de extorsión y se muestran las millonarias sumas que manejan las organizaciones criminales a través de esta actividad.

“Un tipo de extorsión que abunda en la ciudad recae en los buses de transporte público; un bus puede pagar más de una extorsión, esto depende si en su ruta cruza por zonas de incidencia de distintos grupos delincuenciales. En Medellín existen alrededor de 3.667 buses y por cada uno de ellos se cobra una extorsión aproximada de $50.000 semanales, con la salvedad que unas rutas pagan más, otras menos”. Según la investigación, esta sola modalidad de extorsión le genera a las organizaciones criminales una renta anual de 9.500 millones de pesos.

Según la investigación, existen varios tipos de extorsión:

Algunos grupos también manejan y comercializan productos de la canasta familiar que de manera obligatoria y exclusiva deben comprar los tenderos y comerciantes. Esto sucede con la leche, las arepas, los huevos, el queso, los licores (legales y adulterados), las fresas, el yogur, los productos de aseo doméstico, la leche en polvo falsificada, entre otros.

Las fuentes de ingresos de las organizaciones criminales son diversas. Esta gobernanza criminal, violenta e intimidatoria, es la realidad de muchas otras regiones del país, además de Medellín. La seguridad de los ciudadanos está comprometida y las autoridades no han podido contralar el crecimiento de este delito, ni la gobernanza criminal que ejercen los distintos grupos criminales.

Las autoridades se enfocan en perseguir y judicializar a los victimarios. El gobierno considera la extorsión exclusivamente como una conducta penal que afecta el patrimonio de los ciudadanos, pero no aborda las aristas políticas y sociales que explican su aumento y diversificación.

La denuncia de las víctimas es indispensable desde la visión penal, pero este es uno de los grandes obstáculos para judicializar a los individuos y grupos delictivos, pues los ciudadanos temen denunciar a quienes habitan los mismos barrios y calles que ellos. Si lo hacen, corren el riesgo de ser atacados o asesinados.

Por si fuera poco, algunos ciudadanos desconfían de las autoridades de seguridad y justicia. Los pocos casos que llegan a las autoridades no acaban en una condena ejemplar, como se esperaría.

Según los datos de la Fiscalía, de 869 casos denunciados en Barranquilla entre 2019 y 2021, 850 ingresaron al Sistema Penal Acusatorio, de estos el 78 % (675) están en indagación, el 6 % (54) en investigación, el 13 % (115) en juicio, el 2 % (15) en ejecución de penas y apenas un 1 % (6) acabaron de manera anticipada. Hasta la fecha se ha proferido una condena en apenas 13 casos. Un resultado malo, que no disuade a los delincuentes y no garantiza justicia a las víctimas.

Por esto es necesario que la extorsión se considere como un fenómeno social y político. “En primer lugar, se describe como un fenómeno social porque no se está frente a un simple hecho delictivo o una renta criminal, sino ante la manifestación de unos poderes ilegales que logran regular el orden social y regir la vida comunitaria en los territorios, donde la extorsión es una de las maneras de materializar esos órdenes”.

En segundo lugar, “se trata de una manSifestación política dado que se observa la suplantación de algunas funciones esenciales del Estado, como son la seguridad, la justicia, el orden social, el ordenamiento urbano, la convivencia, la mediación comunitaria y personal, la economía local, la reglamentación de ciertos delitos, etc”.

Además de afectar el patrimonio, la extorsión limita la libertad, el bienestar y el desarrollo social y democrático de los ciudadanos y de las comunidades. Por eso el Estado debe abordar los aspectos políticos y sociales de este delito.

Para frenarlo se necesita una buena labor de inteligencia, de investigación criminal y mayor presencia de las autoridades de seguridad y justicia en el territorio. Así podrían detenerse, judicializarse y desarticularse las organizaciones criminales.

Además debe garantizarse la presencia integral del Estado nacional y territorial, que incluye a los alcaldes y gobernadores, en los territorios para frenar la proliferación de los grupos delincuenciales, quienes acaban mediando los problemas de la comunidad con amenazas, violencia, desplazamiento y sanciones económicas altas. La presencia del Estado servirá también para recuperar la confianza en las instituciones y promover la participación ciudadana y el capital social.

De nada sirve detener a los delincuentes si no se desarticulan las organizaciones criminales, ni se atienden las necesidades de los ciudadanos en materia de convivencia, seguridad, justicia, mediación, regulación social y economía local. Con solo Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía no se acaba con este delito y el general con la gobernanza criminal territorial.

*Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad urbana y ciudadana, en convivencia y manejo de crisis. Exsecretario de Seguridad de Bogotá.

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